
Una de las principales razones por las que las personas planifican su sucesión es para evitar el proceso judicial de sucesión y velar por el bienestar de sus seres queridos. Más que cualquier bien material, es la mejor forma posible de ayudar a tu familia a afrontar la realidad de la vida sin ti. Llevar a cabo la planificación sucesoria con la ayuda de un profesional del derecho es la mejor manera de atender las necesidades de los familiares con discapacidad o de edad avanzada, facilitar la transferencia fluida de fondos en momentos de necesidad y garantizar la validez de tus documentos de fin de vida.
Muchos evitan la «planificación sucesoria» porque, por su nombre, parece que es algo exclusivo para los ricos. Sin embargo, si tienes un solo coche, una sola cuenta bancaria o incluso una colección de Beanie Babies, ya tienes bienes. Tus bienes son lo que conforma tu patrimonio. No obstante, ese patrimonio puede convertirse en una carga si no has definido de forma clara y legal cómo te gustaría que se distribuyeran esos bienes.
Cuando decidas llevar a cabo la planificación sucesoria, es importante que te comuniques con tus herederos para dejar claras tus intenciones. Es probable que ellos también valoren que les pidas su opinión sobre cómo se deben distribuir los bienes. Al incluirlos en estas conversaciones, obtendrás información importante sobre sus deseos y, al mismo tiempo, les permitirás participar en el proceso de planificación sucesoria.
Incluso después de haber elaborado tu planificación sucesoria inicial, la mejor forma de evitar la sucesión judicial es revisar tus documentos periódicamente, sobre todo tras cambios en la situación familiar, un traslado a otro estado o modificaciones en el patrimonio, como la venta de un negocio. Todos estos factores pueden invalidar tu minuciosa planificación sucesoria y dar lugar a un proceso de sucesión judicial.
También es fundamental conocer la legislación de tu estado. Las prestaciones pagadas por las pólizas de seguro no están sujetas a la sucesión judicial. Algunas estipulan que los bienes deben alcanzar un valor mínimo para que se aplique la sucesión judicial. Otras simplifican el proceso de legar bienes al cónyuge.
La sucesión es el proceso mediante el cual el Estado se hace cargo de los bienes de una persona y los distribuye. Este proceso es supervisado por un tribunal específico o por una sala de un tribunal de distrito. La sucesión se lleva a cabo cuando, por cualquier motivo, se pone en duda la validez del testamento de una persona. En ocasiones, implica determinar la titularidad de los bienes del fallecido. La sucesión puede incluir la tasación de bienes inmuebles y otros activos, como embarcaciones u obras de arte, que se compensan con las deudas pendientes o los impuestos atrasados.
Dependiendo del estado en el que se lleve a cabo la sucesión y de la complejidad de la situación financiera del fallecido, el proceso puede durar desde unas pocas semanas hasta más de un año. Puede resultar costoso, sobre todo en un momento en el que los seres queridos y los familiares no pueden acceder a los fondos ni a los activos en venta. Las costas judiciales, los impuestos y otras tasas se deducirán de la herencia al final del proceso.
Si la persona fallecida no dejó ningún testamento, los bienes se recopilarán, valorarán y distribuirán de acuerdo con la legislación estatal. Esto significa que, en algunos casos, los cónyuges e hijos heredarán el patrimonio, pero en otros no. Si la intención no expresada del fallecido era dejar dinero o objetos personales a organizaciones benéficas o a personas ajenas a la familia, es poco probable que esto se lleve a cabo.
Una forma de evitar la sucesión judicial es repartir el dinero y los bienes materiales entre los seres queridos antes de fallecer. Hay quien lo hace cuando enferma gravemente, y otros dan por sentado que tendrán esa misma oportunidad, pero no siempre es así.
Este es el momento en el que las conversaciones con los seres queridos y los familiares se convierten, quizás, en la parte más importante de la planificación sucesoria. Es necesario mantener una comunicación sincera con los hijos, los nietos y los buenos amigos para determinar a quién le gustaría tener cuáles de sus objetos personales. Es posible que se sorprenda de lo que creía saber o suponía sobre sus seres más cercanos; por ejemplo, quizá pensaba que su hijo mayor estaría encantado de convertirse en albacea, pero es posible que él o ella no quiera asumir esa responsabilidad. O quizá descubra que algunos familiares tienen objeciones respecto a la organización benéfica que ha elegido para recibir un porcentaje de su patrimonio.
Hay personas que deciden distribuir sus bienes personales, como propiedades vacacionales u obras de arte, mucho antes de fallecer. Lo hacen por varias razones. Algunas desean asegurarse de que sus pertenencias lleguen a los destinatarios previstos. Otras están deseosas de ver cómo sus seres queridos disfrutan de la propiedad compartida o exclusiva de reliquias familiares u objetos queridos mientras aún están vivas.
Sin embargo, algunas personas se muestran reacias a distribuir efectivo, acciones u otros activos financieros antes de fallecer porque temen que puedan necesitarlos para futuros tratamientos médicos o de larga duración. Otras ya padecen discapacidades u otras enfermedades crónicas y quieren garantizar su atención durante el mayor tiempo posible. Hay aún más personas que simplemente disfrutan de una merecida jubilación y desean viajar o dedicarse a un pasatiempo. Los abuelos o los padres pueden querer dejar activos a sus nietos o hijos, pero estos pueden ser menores de edad o no tener la madurez suficiente para administrar y gestionar una suma global o acciones de gran valor. ¿Cuál es, entonces, la solución para todas estas situaciones?
Una opción muy habitual es constituir un fideicomiso en vida. Los fideicomisos en vida son documentos que permiten administrar legalmente los bienes de una persona que aún está viva (el fideicomitente). En el fideicomiso se designa a un fideicomisario, es decir, a la persona que se encargará de gestionar dichos bienes. A menudo, el fideicomisario y el fideicomitente son la misma persona. Muchos designan a otro fideicomisario para que tome decisiones empresariales y personales en nombre del fideicomitente en caso de que este quede incapacitado.
El otorgante puede entonces seguir viviendo con total normalidad. Cuando fallece, el fideicomiso se disuelve y los bienes se distribuyen según los deseos del otorgante. Los fideicomisos en vida ayudan a evitar que el estado en el que resides se apropie de tus bienes, ya sea en caso de incapacidad o de fallecimiento. La forma de fideicomiso que puede modificarse mientras el otorgante sigue con vida se denomina «fideicomiso revocable».
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